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POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA PROPIEDAD COMUNAL PDF Imprimir E-mail
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Sábado, 06 de Febrero de 2016 04:22

POR LA  DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA PROPIEDAD COMUNAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, RONDAS CAMPESINAS, COMUNIDADES CAMPESINAS, NATIVAS E INDÍGENAS EN EL PERÚ

Las comunidades campesinas, rondas campesinas y nativas son la  expresión concreta, jurídica e histórica de los pueblos indígenas y originarios del Perú. A partir de la constitución del 1920 el estado tiene la responsabilidad de garantizar su protección, bienestar y desarrollo; sin embargo, estos pueblos continúan siendo sujetos de exclusión y discriminación.

Es más en su afán de atraer la inversión extranjera, los gobiernos de los últimos 25 años han debilitado el régimen de propiedad comunal hasta el punto de poner en riesgo la existencia de las comunidades. El gobierno del presidente Ollanta Humala ha continuado por el mismo camino mediante la aprobación de una serie de paquetes normativos, que analizaremos en este documento.

 

(QUE SON LOS PAQUETAZOS)

Son un conjunto de normas, leyes ordinarias, decretas supremos y resoluciones ministeriales que, bajo la justificación de reactivar la economía e impulsar la inversión privada y pública, flexibilizan el marco jurídico de protección de derechos sociales, ambientales, territoriales y de los pueblos indígenas.

(CUALES SON)

Hasta el momento han sido aprobados cuatro paquetes; con un total de seis normas, y se espera que el poder ejecutivo promulgue otras normas que establezcan modificaciones al régimen de la propiedad.

PRIMER PAQUETE (MAYO DE 2013):

·         D.S. 054 – 2013- PCM: flexibiliza el acceso a la propiedad de tierras    urbanas y rurales para los proyectos de inversión, facilitando la entrega de certificados de inexistencia de restos arqueológicos.

 

·         D.S. 060 – 2013- PC: flexibiliza los procedimientos de aprobación de los estudios de impacto ambiental para proyectos de inversión pública y privada.

 

·         Ley 30230: facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles afectados para la ejecución de dichas obras.

 

SEGUNDO PAQUETE (JUNIO DE 2014)

·         Ley 30230: reduce las restricciones y facilita los permisos ambientales y tributarios, a la vez que su título III  permite establecer e implementar especiales para facilitar la entrega de cualquier predio rural (titulado o no, en uso o no) a proyectos de inversión. Una propuesta de reglamento del título III de la ley 30230, exceptuando a las comunidades campesinas y nativas del título III, circulo para comentarios en abril de 2015.

 

TERCER PAQUETE (ENERO DE 2015)

·         D.S. 001 – 2015- EM: en un esfuerzo por facilitar las inversiones en la minería, otorgar competencia a las juntas directivas comunales para autorizar la disposición de las tierras comunales, ignorando así el rol legal de la asamblea general (modificando las leyes 24656 y 26505).

 

CUARTO PAQUETE (MAYO DE 2015)

·         Ley 30327: flexibiliza aún más los procedimientos ambientales y facilita el acceso a tierras rurales para los proyectos de inversión mediante servidumbres, derechos de vía y expropiaciones.

 

(DE DONDE VIENEN LOS PAQUETAZOS)

En su mayoría, estos cambios normativos han sido impulsados por el ministerio de economía y finanzas (MEF), y en algunos casos se basaron en estudios previos realizados por el consejo nacional de la competitividad (CNC), un órgano adscrito al MEF.

Otros dos sectores claves en el impulsor de estas normas han sido el ministerio de energía y minas y el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento.

Precedió a la promulgación de estas normas una campaña mediática de justificación de las mismas, que acuño los términos “tramitología” y “permidiologia” para referirse a la dificultad y cantidad de trámites y permisos impuestos a los proyectos de inversión. Cabe destacar que la elaboración de estas normas no involucro un debate público, que pudo haber ayudado a señalar las contradicciones en que estas incurren respecto de la constitución política, leyes orgánicas y tratado internacionales, como el convenio 169 de la OIT.

LOS PAQUETAZOS Y LA PROPIEDAD COMUNAL

Estas normas apuntan claramente a transferir a los inversionistas la propiedad de las tierras urbanas y rurales, a menudo descritas como “improductivas”. Los blancos más visibles son los territorios y recursos naturales de las comunidades y nativas.

Cambiar las reglas del juego es la estrategia más comúnmente empleada desde que en 1997 se promulgaran la ley N˚26845 de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la costa. Así, se ha venido redefiniendo quien decide sobres las tierras comunales, cuantas personas son necesarias para constituir el quórum, quien puede votar y cual en el porcentaje de votos requeridos para disponer de dichas tierras. En  esta línea, el D.S. 001 – 2015 –EM busca modificar el sujeto de las decisiones relativas a la disposición de las tierras comunales, asignando esta facultad a la junta directiva de la comunidad (y no a la asamblea general). Por su parte, la ley 30230 establece procedimientos especiales y paralelos a los existentes, que permiten quitarle un predio a un propietario o poseedor para ponerlo en manos de los proyectos de inversión pública y privada.

Es evidente que en estos casos no se está midiendo la acumulación de frustraciones de parte de los pueblos indígenas y originarios ni el costo a largo plazo de los posibles conflictos sociales que estas nuevas normas pueden producir.

LOS PAQUETAZOS Y EL MEDIO AMBIENTE

Otro objetivo importante de los paquetazos es flexibilizar los estándares ambientales vigentes, limitado instrumentos como el ordenamiento territorial, los estudios de impacto ambiental o la categorización de zonas de reserva, contribuyéndose así a desestabilizar aún más la frágil institucionalidad ambiental del país.

(HACIA DONDE NOS LLEVAN LOAS PAQUETAZOS)

Si bien no hay duda de que la inversión pública y privada es necesaria e importante para el desarrollo económico del país, nos preguntamos si está funcionando la estrategia. Reputados economistas opinan que, a la fecha, los resultados macroeconómicos visibles no permiten demostrar que estos paquetes normativos hayan reactivado la economía e impulsado las inversiones. Pero si sabemos que, a agosto de 2015, tienen causas socioambientales 142 de los 213 conflictos registrados en el país, según datos de la defensoría del pueblo. La minería está asociada con 94 de ellos, en tanto que la explotación que  hidrocarburos han originado 21.

Solo se podrá reducir esta elevada conflictividad con políticas estatales de ordenamiento territorial en base a la participación local, que promuevan el reconocimiento de los derechos de propiedad con la constitución de un catastro rural y el respeto para todas las formas de propiedad privada, la comunal incluida.

ACCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA LOS PAQUETAZOS

La sociedad civil, incluyendo redes como los colectivos territorios seguros y organizaciones de base como los miembros del pacto de unidad, ha impulsado distintas iniciativas para evitar los impactos negativos de los paquetazos sobre la propiedad comunal. En primer lugar, sus acciones apuntan a analizar las normas propuestas e informar a la ciudadanía cobre las implicaciones de estos cambios.

Por ejemplo, el colectivo encargo la elaboración de un análisis jurídico de la ley 30230, título III desde cuatro perspectivas diferentes: constitucional, derechos indígenas, derechos administrativo y derecho registral. Este análisis ha sido publicado bajo el título de estrategias de despojo: la propiedad comunal en el Perú. Análisis jurídico sobre la ley 30230. El colectivo organizo un foro público en octubre de 2014 y un desayuno con la prensa en mayo de 2015, además de una serie de intervenciones en programas de radio y televisión, con el afán de informar y promover mayor debate público sobre los paquetazos y su impacto sobre los territorios comunales.

Al conocer de la existencia de una nueva propuesta de paquetazo, la sociedad civil ha iniciado sobre miembros de congreso de la república para cambiar el lenguaje y modificar artículos que representan una amenaza para la propiedad comunal. En varias ocasiones, expertos de la sociedad civil participaron como invitados en los debates de las comisiones pertinentes.

La sociedad civil también ha impulsado procesos judiciales mediante demandas de acción popular (como en los casos del D.S. 054 – 2013 – PCM y el D.S.001 – 2015 – EM) y demandas de inconstitucionalidad (como en el caso de la ley 30230, tras recolectar más de cinco mil firmas). El poder judicial ha admitido dichas demandas, pero hasta el momento solo se ha pronunciado sobre el D.S. 054 – 2013 – PCM, DECLARANDO inconstitucional. Por su parte, el tribunal constitucional no ha admitido aun la demanda referente a la ley 30230.

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

·         Inducir para la exclusión expresa de todos los territorios indígenas como sujetos de estas normas.

·         Dar seguimiento a los procesos judiciales iniciados donde se solicita la declaración de ilegalidad y /o inconstitucional de los paquetazo.

·         Incidir para el respeto al derecho a la consulta previa en todas las normas que afecten a los territorios de los pueblos indígenas.

·         Exigir al estado peruano que asuma como política pública nacional la seguridad jurídica de la tendencia comunal para todas las comunidades rurales en el Perú (más de 10.000); incluyendo la titulación y georreferenciacion de más de 4,000 comunidades campesinas y nativas, y la actualización de un catastro rural.

 

Última actualización el Sábado, 06 de Febrero de 2016 10:25
 

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