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Home PACTO DE UNIDAD ESTABLECIÓ LINEAMIENTOS SOBRE TITULACIÓN DE TIERRAS
PACTO DE UNIDAD ESTABLECIÓ LINEAMIENTOS SOBRE TITULACIÓN DE TIERRAS PDF Imprimir E-mail
Escrito por autor   
Martes, 22 de Septiembre de 2015 05:46

Los líderes y lideresas del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú coordinaron acciones de seguridad jurídica para la titulación de tierras de las comunidades indígenas y campesinas. El evento sirvió para que los dirigentes elaboren propuestas de acción con miras al desarrollo del “Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – Tercera Etapa” (PTRT-3) que se realizó los días 14 y 15 de setiembre de 2015 en la ciudad de Lima.

 

En su exposición, Richard Smith, director del Instituto del Bien Común (IBC), señaló algunas limitaciones en el procedimiento de titulación por parte del Estado, como la carencia de información oficial sobre comunidades y la falta de voluntad política de los gobiernos.

“Según cifras de IBC y la campaña Territorios Seguros para las Comunidades del Perú del 2015, hay 3300 comunidades campesinas y 700 comunidades nativas sin títulos. Del 2006 al 2014 solo se titularon ocho comunidades nativas. Y no se tituló una sola comunidad campesina”, explicó.

Esta información también se desprende del programa SICNA (Sistema de Información de Comunidades Nativas) del IBC, que usando un sistema de rastreo satelital (GPS) ha logrado hacer un directorio no oficial sobre comunidades nativas, estableciendo mapas, títulos y otros.

Para concluir, Smith reconoció dos grupos de entidades políticos antagónicos en el gobierno, encabezados por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Cultura.

Ante este escenario, propuso que el Pacto de Unidad debe coincidir en un mensaje claro en su dirigencia y sus bases, buscando alianzas con sectores políticos importantes como la Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso de la República.

Y recomendó el desarrollo de un plan de incidencia que identifique actores políticos y se elabore estrategias para cada uno. También sugirió la instauración de mesas de diálogos a nivel regional y nacional, que busque hacer consultas, resolver conflictos y tomas de decisión.

Finalmente, indicó que las organizaciones deben manejar información sistematizada sobre comunidades campesinas tituladas y no tituladas a través de una herramienta similar al SICNA, que podría denominarse SICAM (Sistema de Información de Comunidades Campesinas).

Por su parte, Laureano del Castillo, especialista del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), comparó la legislación nacional pasada con la actual para mostrar los cambios de la situación de los bienes y propiedades de las comunidades campesinas y nativas.

Así explicó que la Constitución Política de 1920 consideró los bienes de propiedad de las comunidades indígenas como imprescriptibles. Mientras que la de 1933 añadió que las propiedades serían inajenables (no se podían vender) e inembargables.

Para la Carta Magna de 1979 se reconoció que “las tierras de las comunidades campesinas y nativas” además de inembargables e imprescriptibles serían “inalienables”, salvo el caso que las dos terceras partes de la comunidad decidan venderlas previo pago en efectivo, y autorización del Congreso.

Sin embargo, la última de 1993 solo las consideró imprescriptibles “salvo el caso del abandono”, por lo que particulares pudieron adquirirlas bajo venta o cesión según fuese el caso.

Cifras contradictorias

Asimismo, coincidió con Smith en relación a la ausencia y descoordinación de información oficial actualizada, detallando que los datos del CENAGRO 2012 (Censo Nacional Agropecuario), el COFOPRI (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), el Ministerio de Cultura y Registros Públicos tengan cifras diferentes, y hasta contradictorias.

“COFOPRI 2010 dijo que habían 6.069 comunidades campesinas reconocidas. En la costa 174, en la sierra 5805, en la sierra 90. Con un total de 1’084.738 familias”, comentó.

Según del Castillo, estas cifras desconocen que existan comunidades campesinas en la costa, ya que se habría inventado las terminologías: ‘comunidades nativas’ y ‘comunidades andinas’. “¿Por qué? Porque allí hay tierras importantes, por ejemplo Olmos”, dijo.

“Mientras que para el CENAGRO 2012, se consideró que el 60.5% de la superficie del país es agropecuaria y está en manos de comunidades: 42.2% de comunidades campesinas con 16 millones de hectáreas, y 18.3% de comunidades indígenas con 7 millones de hectáreas”, agregó.

Por otro lado, del Castillo explicó cuáles son los planes del PTRT-3, ya que este se propuso inicialmente para titular 190 comunidades nativas y 190 comunidades campesinas, a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No obstante luego del reclamo y protestas de las organizaciones indígenas el número total oficial ascendería, pero aún no se sabe hasta cuánto.

Además, advirtió que el gobierno buscará privilegiar la titulación individual. Situación que afectaría negativamente la titulación comunal. Por ello se busca que el PTRT-3 mejore la seguridad de la tenencia de la tierra, mediante el apoyo a la formalización de la propiedad en la selva y la sierra.

Para finalizar su presentación del Castillo observó que el conjunto de leyes denominadas como “Paquetazos Ambientales” (Ley N° 30230, el DS. 001-2015, N° 30327, entre otros) serán un obstáculo en el proceso de titulación.

Problemas y propuestas

Al culminar las ponencias, los dirigentes indígenas conformaron dos grupos de trabajo para identificar problemas y propuestas de solución entorno a las dificultades de la clase política nacional y los conflictos internos del Pacto de Unidad.

De esta manera se buscará “crear gerencias de comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas en los gobiernos locales”, a fin de tener presencia en las regiones y a nivel nacional.

También se convocará a reuniones periódicas con la finalidad de fortalecer la organización interna del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú.

Como se recuerda, el Pacto está conformado por la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC).

FUENTE: Servindi

Última actualización el Martes, 22 de Septiembre de 2015 05:58
 

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